Custodia, separación de fondos e insolvencia: qué no garantiza MiCA

Dejar criptoactivos en un exchange autorizado no es lo mismo que un depósito bancario garantizado. Los artículos 70 y 75 del Reglamento (UE) 2023/1114 escriben deberes de salvaguarda, de segregación y de responsabilidad. No escriben un fondo público que pague a los clientes si el proveedor no puede. Esta página lee esos dos artículos. Qué letras de servicio existen está en la guía de servicios. El staking por cuenta propia, que el artículo 70 también cierra, está en staking bajo MiCA.

Artículo 70: salvaguarda y dinero que no es una EMT

El apartado 1 obliga al CASP que tiene criptoactivos de clientes, o los medios de acceso, a adoptar medidas adecuadas para salvaguardar los derechos de propiedad de los clientes, especialmente en caso de insolvencia del proveedor, y para impedir el uso de esos criptoactivos por cuenta propia. El apartado 2 extiende la idea a los fondos de clientes que no sean fichas de dinero electrónico, cuando el modelo de negocio exige tenerlos: salvaguardar la propiedad e impedir el uso por cuenta propia. El apartado 3 concreta el dinero: a más tardar al final del día hábil siguiente a la recepción, el proveedor coloca esos fondos en una entidad de crédito o en un banco central, y toma las medidas necesarias para que la cuenta sea identificable por separado de las cuentas del propio proveedor.

El apartado 4 permite prestar servicios de pago ligados al servicio de criptoactivos solo si el propio CASP, o el tercero, está autorizado a prestarlos conforme a la Directiva (UE) 2015/2366. Una cuenta en euros dentro de la app no es, por estar ahí, una cuenta de pago autorizada. Hay que leer quién es la entidad de pago, igual que se lee quién es el CASP.

Artículo 75: el contrato, la segregación y la responsabilidad

Quien presta la letra a —custodia y administración por cuenta de clientes— concluye un contrato que identifica a las partes, describe el servicio y la política de custodia, los medios de comunicación y de autenticación, los sistemas de seguridad, las comisiones y la ley aplicable. Lleva un registro de posiciones a nombre de cada cliente. La política de custodia ha de minimizar el riesgo de pérdida por fraude, amenazas cibernéticas o negligencia, y un resumen se entrega al cliente que lo pida. Al menos cada tres meses, y cuando el cliente lo pide, hay un estado de posición en formato electrónico, con saldo, valor y transferencias del periodo.

El apartado 6 exige procedimientos para devolver los criptoactivos, o los medios de acceso, lo antes posible. El apartado 7 exige segregar las tenencias de los clientes de las propias, identificar los medios de acceso de los clientes y, en el registro distribuido, mantenerlos por separado. La frase jurídica es esta: los criptoactivos custodiados se segregan jurídicamente del patrimonio del proveedor, en interés de los clientes y conforme al derecho aplicable, de modo que los acreedores del proveedor no tengan recurso sobre ellos, en particular en la insolvencia. También han de estar segregados operativamente. «Conforme al derecho aplicable» importa: el reglamento ordena el resultado y remite al derecho que lo hace eficaz. No describe, él solo, el procedimiento concursal español.

El apartado 8 hace responsable al proveedor de la pérdida de criptoactivos o de los medios de acceso por un incidente que le sea imputable. La responsabilidad tiene como tope el valor de mercado del criptoactivo perdido, en el momento de la pérdida. No son imputables los sucesos que el proveedor demuestre ajenos a la prestación del servicio o a su operativa, y el texto pone como ejemplo un problema inherente al registro distribuido que el proveedor no controla. El apartado 9 prohíbe apoyarse, para esta custodia, en otro proveedor que no esté autorizado conforme al artículo 59, y obliga a informar al cliente si se usa otro CASP.

Lo que esos artículos no son

• No son un sistema de garantía de depósitos ni un sistema de indemnización de los inversores. El texto no crea una entidad que pague un saldo cuando el proveedor no puede.
• No cubren la pérdida de mercado. Que el precio baje no es el incidente del apartado 8.
• No cubren la clave que ya retiraste a un monedero propio. A partir de ahí el régimen práctico es el de autocustodia y Travel Rule.
• No convierten una fila sin la letra a en un custodio. Si la celda no trae la a, el artículo 75 no se ha notificado para esa entidad. La comprobación está en la lista.
• No sustituyen un plan de liquidación ordenada. El artículo 74 pide, a quien presta los servicios de los artículos 75 a 79, un plan que permita cesar la actividad sin causar un perjuicio económico indebido a los clientes.

Leer la letra a en una ficha —desde la portada o desde alternativas— dice que el servicio está notificado. No dice que el contrato concreto copie el artículo 75 ni que un incidente futuro será indemnizado hasta el tope. Eso se lee en el contrato y, si llega el caso, ante la autoridad y los tribunales. Esta página no valora un exchange concreto.

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